lunes, 7 de junio de 2010

El futuro financiero de la Universidad

El sistema universitario español se enfrenta al compllicado reto de incrementar la inversión de nuestro país en educación superior para alcanzar a los Estados más desarrollados en este capítulo, a través de un nuevo modelo de financiación que camine hacia la rendición de cuentas a la sociedad, la profesionalización de la gestión de nuestras universidades y la asignación de los recursos públicos en función del cumplimiento de objetivos y la consecución de resultados.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha impulsado la apertura del debate sobre un nuevo modelo de financiación del sistema que redunde en una mayor calidad de la enseñanza superior en España y que ha dado como resultado la elaboración de una hoja de ruta para acometer las transformaciones necesarias.

Pero la dura crisis económica y los planes de disciplina fiscal y recortes del gasto público anunciados recientemente por el Gobierno hacen aún más complicado este importante proceso de cambio. Sin ir más lejos, el presupuesto de la Secretaría General de Universidades ha sufrido un recorte de tres millones de euros, pero el año que viene el ajuste será más importante.

La Universidad española tiene por delante la difícil tarea de conseguir cuadrar el círculo de movilizar una mayor inversión en la educación superior en este entorno de ajustes presupuestarios, pues España destina a esta materia entre el 1% y el 1,2% de su Producto Interior Bruto (PIB), mientras que la media de la Unión Europea, que se ha marcado como objetivo incrementarla al 2%, se sitúa ahora en el 1,5%. Así las cosas, el nuevo modelo no comenzará a implantarse antes del año 2013 y se hará de forma progresiva hasta 2020.

La hoja de ruta ha sido elaborada por el Consejo de Universidades –que congrega a las cerca de 80 instituciones de este tipo existentes en nuestro país– y por la Conferencia General de Política Universitaria –compuesta por los responsables del Ministerio de Educación y de las 17 comunidades autónomas–.

En ese documento se plantean cambios de calado en el actual sistema universitario: la potenciación de las becas y el pago de los precios públicos de las matrículas en función del nivel de renta de los estudiantes; la necesidad de condicionar la aportación de recursos públicos a los resultados de las instituciones y a su nivel de prestación de servicios; la mejora interna de su gestión; evitar la proliferación de un mayor número de universidades; reducir el exceso de oferta de titulaciones; implantar sólo los nuevos grados que tengan garantizado un suficiente flujo de alumnos; y endurecer las normativas de permanencia de los estudiantes en los planes de estudio exigiendo mejores resultados y acortando el tiempo necesario para obtener la graduación, entre otras.

El abandono de la carrera o su prolongación más allá de lo necesario por parte de nuestros jóvenes es uno de los motivos que acarrea una gran pérdida de recursos para el sistema, el Estado y los contribuyentes. Porque en España los precios de las matrículas están subvencionados en entre un 80% y un 90% de su coste real y las familias sólo pagan entre un 15% y un 20% del mismo. Juan José Dolado, profesor de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid ha estudiado el coste que este fenómeno supone para las arcas públicas. Según sus cálculos un estudiante de una universidad pública cuesta unos 8.000 euros al año y paga como media 900 euros, por lo que recibe una subvención de 7.100 euros. Y tenemos más de 1,3 millones de alumnos.

El coste del fracaso
Además, el 30% abandona en los dos primeros años y sólo el 30% tarda cuatro años en graduarse en una carrera de cuatro cursos. De esta forma, el fracaso escolar supone un despilfarro anual de 2.960 millones de euros, es decir, el 0,27% del PIB, mientras que nuestro país destina a becas y ayudas al estudio un 0,08%, muy por debajo de la media de países de la OCDE, que es del 0,27%, el triple.

Dolado cree que este sistema es regresivo porque subsidia a todos por igual, independientemente de su nivel de renta, y cree que hay que aumentar las tasas de matriculación. Además, propone "proceder a fusiones de universidades publicas, reconvirtiendo entre el 15% y el 20% de las mismas en centros de Formación Profesional Superior; desfuncionarizar retroactivamente al profesorado, pasando a tener contratos laborales y no administrativos; sustituir el proyecto de campus de excelencia –una iniciativa del Ministerio para dotar económicamente planes de mejora de los campus–, que es más café para todos, por departamentos de excelencia; también llamaría la atención sobre la escasa competencia procedente de las universidades privadas en este país, que son realmente malas y caras para lo que ofrecen", asegura el profesor de la Universidad Carlos III.

Rafael Cortés Elvira, rector de la Universidad Camilo José Cela, apunta también a un mayor pago por parte de los estudiantes. "Podemos buscar financiación a través de contratos con empresas, seguir aprovechando el crecimiento de la I+D+i y también podemos pensar en un incremento del coste de la Universidad distribuido en tramos de renta, evitando que ningún alumno se quede fuera porque no tiene recursos. Pero hay otros estudiantes que tienen un estatus alto o muy alto a los que quizás no se les puede seguir manteniendo los estudios subvencionados. Ese Estado del Bienestar en el que todo es gratis es difícilmente sostenible en una etapa como ésta, señala Cortés Elvira.

Pero hay quien va más allá en la necesidad de elevar el precio de las tasas académicas. Fernando Fernández Méndez de Andés, economista de IE Business School, propone que el Estado sufrague el 50% del coste real de los estudios y sea el ciudadano el que afronte el otro 50%, lo que promovería el esfuerzo y la exigencia. Eso sí, con becas que cubran el 100% e incluso el alojamiento en los casos de movilidad para aquellos que tengan riesgo de no poder acceder a este sistema que podría denominarse de copago. "El debate cambia radicalmente con la crisis económica. La Universidad no puede seguir siendo un gratis total para todo. Hay que ir hacia un modelo que no financie directamente a las universidades, sino al estudiante y que éste elija en qué institución prefiere estudiar para introducir competencia real entre éstas. Además, los centros, incluso los públicos, deberían tener libertad para fijar sus precios, ahora marcados desde las administraciones, como sucede en los estados de Nueva York y California. En España, el sistema tiene una verdadera alergia a competir por captar alumnos y fondos económicos, afirma Fernández Méndez de Andés.

Pero estas ideas liberalizadoras no son compartidas por gran parte del sistema universitario público español. Francisco Michavila, director de la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid, cree que ese modelo aplicado ya en Reino Unido dio nefastos resultados. No obstante piensa que "es necesario cambiar el modelo de financiación introduciendo mecanismos correctores en la asignación de recursos a las instituciones. La financiación básica a las instituciones no debe disminuir, pero el crecimiento debe venir por la parte ligada a los resultados. También hay que introducir criterios de eficiencia empresarial en la gestión".

Fuente: Expansion

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